Todas las personas tienen talentos únicos, que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países. No importa lo diferentes parezcan o sus gustos y preferencias. Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos.
Eso lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nadie tiene la potestad de arrebatarle esos derechos a otros individuos, mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, creencias religiosas o limitación cognitiva, solo por nombrar algunas de las razones que se esgrimen al momento de discriminar a otro individuo.
En el Día de la Cero Discriminación de este año, bajo el lema “Despenalizar salva vidas”, ONUSIDA pone de manifiesto cómo la despenalización de los grupos de población clave y de las personas que viven con el VIH salva vidas y contribuye a avanzar hacia el fin de la pandemia del sida.
Las leyes penales que tienen como destinatarios a los grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH violan sus derechos humanos, acentúan el estigma al que se enfrentan y les ponen en peligro al crear obstáculos al apoyo y a los servicios que necesitan para proteger su salud.
En 2021, se fijaron ambiciosos objetivos globales de reforma legislativa para derogar las leyes penales que debilitan la respuesta al VIH y dejan atrás a los grupos de población clave. Al reconocer que la despenalización es un elemento esencial en esta respuesta, los países se comprometieron a que, para 2025, menos del 10% de ellos tuvieran marcos legales y normativos de penalización que afectaran a la respuesta al VIH.
Sin embargo, y a pesar de que se han producido algunas reformas esperanzadoras, el mundo está lejos de alcanzar este objetivo. De hecho, según ONUSIDA, hoy en día existen 134 países que penalizan explícitamente o persiguen de algún otro modo la exposición, ocultación o transmisión del VIH; 20 que penalizan o persiguen a las personas transgénero; 153 que penalizan al menos un aspecto del trabajo sexual; y 67 que actualmente penalizan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen imponiendo restricciones de entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH y 53 informan de que exigen la realización de pruebas del VIH para, por ejemplo, obtener certificados de matrimonio o para ejercer determinadas profesiones. Por su parte, 106 países declaran que para que los adolescentes puedan acceder a las pruebas del VIH se requiere el consentimiento paterno.
La penalización impulsa la discriminación y las desigualdades estructurales. Arrebata a las personas la esperanza de disfrutar de una vida sana y plena. Y retrasa el fin del sida.
Debemos acabar con la penalización para salvar vidas.
